La Fiscalía General de la República abrió una investigación penal contra el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, por el presunto delito de abuso de autoridad, en relación con el traslado de un privado de libertad al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).
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La Fiscalía General de la República abrió una investigación penal contra el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, por el presunto delito de abuso de autoridad, en relación con el traslado de un privado de libertad al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).
Así consta en un oficio de la Fiscalía fechado el 2 de octubre de 2026, dirigido a la Dirección General de Adaptación Social. El documento señala que la causa penal N.° 26-000357-1218-PE se tramita por el delito de “Abuso de Autoridad, en perjuicio de Los Deberes de la Función Pública” y solicita una “copia certificada íntegra de la totalidad del expediente administrativo” que sustenta la orden de traslado de Ismael Enrique Williams Cárdenas hacia el CACCO.
La investigación se conoce pocos días después de la polémica generada por un video publicado por el propio Ministerio de Justicia y Paz bajo el título “Los Jachudos van directo al CACCO”. En las imágenes, Aguilar confronta a privados de libertad durante una inspección en el CAI 26 de Julio, en Puntarenas, y anuncia el traslado de algunos de ellos a un régimen de alta contención y posteriormente al CACCO.
La actuación del ministro provocó un fuerte pronunciamiento de la Defensoría de los Habitantes, que cuestionó lo ocurrido y calificó las acciones mostradas en el video como “conductas verbales violentas y vejaciones”. La institución también señaló que los traslados a regímenes de alta contención deben responder a criterios técnicos y jurídicos, y no a decisiones arbitrarias de una autoridad política.
La controversia también generó un enfrentamiento público entre Aguilar y la Defensoría. El ministro sostuvo que el criterio de la institución “no le es vinculante”, mientras que la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, respondió: “Defender los derechos de todas las personas no me convierte en defensora de delincuentes. Soy la defensora de todos los habitantes”.
Además, la Defensa Pública presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por las actuaciones mostradas en el video, señalando la necesidad de que las medidas de seguridad y disciplina penitenciaria se desarrollen respetando la dignidad de las personas privadas de libertad.
Ahora, el caso da un nuevo giro con la investigación penal. El oficio de la Fiscalía advierte que las actuaciones son confidenciales y establece expresamente que Gabriel Aguilar, señalado en el documento como parte involucrada dentro del proceso penal, “no podrá ser informado, ni participar en la confección de esta petición”.
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